Reforma Fiscal en México

Con la intención de fortalecer las finanzas públicas y reducir la dependencia de los ingresos derivados del petróleo, el gobierno del presidente Felipe Calderón está negociando la aprobación de la llamada Reforma Fiscal, la cual en opinión de algunos especialistas en desarrollo económico, no es sino una nueva manera de aumentar los impuestos sin que exista una simplificación, como se ha tratado de imaginar el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens.

A través de diversos comunicados y reuniones con empresarios, Carstens y su equipo de trabajo ha manifestado que existe un rezago fiscal, plagado de evasiones, tratamientos especiales y exenciones de impuestos que se han acumulado a lo largo de los años. La nueva propuesta radica básicamente en no aumentar el IVA — para proteger al consumidor — y aumentar en cambio el pago de impuestos que realizan las empresas.

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Es decir, no es un impuesto al consumo (como se aplica en la mayoría de los países), sino a la productividad, y recae directamente en las actividades empresariales, las cuales podrían verse afectadas seriamente. Incluso se habla de mantener el cálculo de los nuevos impuestos de forma paralela al impuesto sobre la renta (ISR), y al final del año pagar el que resulte más elevado.  

 

Nuevos impuestos

Sin embargo, a pesar del evidente rezago en la recaudación del ISR, comparada con otros países (Argentina, Colombia o China, donde alcanzan porcentajes de 3.52, 5.64 y 2.91 respectivamente), existe una gran diversidad de impuestos que no se pagan en dichos países, tales como el impuesto a los activos, impuesto acreditable sobre la nómina, impuesto a las carreteras, fomento del turismo, valor agregado, educación, gasolina, transportes, y muchos otros que en verdad sólo hacen más complicado el tema del pago de impuestos en México.

Por lo anterior, quizás la Reforma Fiscal debería considerar una verdadera transformación tributaria, simplificando y eliminando impuestos, en lugar de aumentarlos. Por ello, algunos especialistas consideran que el gobierno de Calderón podría atravesar dificultades si no se cumple con una reforma amplia y verdadera.

Por ejemplo, en las propuestas sólo se habla de crear la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), así como crear el Impuesto contra la Informalidad (ICI). La idea de la Secretaría de Hacienda es sustituir el Impuesto al Activo, pero mantendría el ISR alterno al CETU. Además, existe una propuesta para gravar la producción primaria (incluyendo tomates, chiles, granos y demás alimentos), así como establecer un impuesto del 2% sobre depósitos bancarios superiores a $20,000 mensuales.

 

Esta última medida parece una estrategia para identificar a los contribuyentes con ingresos importantes que no están inscritos en el padrón de contribuyentes fiscales.                

Por lo anterior, muchos consideran que al aprobarse esta Reforma Fiscal, se estaría afectando gravemente a los agricultores cuyos ingresos mensuales sean superiores a 20 salarios mínimos, lo cual incluye prácticamente a la totalidad de los productores de hortalizas, así como a las empresas maquiladoras y a los exportadores.

Una de las mayores desventajas, es que con el nuevo esquema del CETU, los salarios no serán deducibles de la base gravable, con lo cual se perjudica sobre todo a las empresas con mayor número de trabajadores.

Por poner un ejemplo, con un ingreso de $300,000, menos inversiones, salarios y otros gastos, la base gravable del ISR sería aproximadamente de $42,300, con un ISR del 28% equivalente a $11,884.

En cambio, la propuesta del CETU, es que se deduzcan las inversiones y otros gastos, pero no los salarios, con lo cual la base gravable para un ingreso de $300,000 sería de $180,000, y aunque el impuesto baja a 16%, el importe a pagar sería de $28,800, es decir un 60% más alto. 

 

Caso de agricultores

Al gravar la producción primaria, el CETU elimina las exenciones de impuestos que distingue al sector agropecuario, con lo cual a partir de un ingreso de 20 salarios mínimos, comenzarán a pagar impuestos. Esto  afecta sobre todo a los productores que generan una gran cantidad de empleos en el área de la producción de hortalizas, el sector pecuario y silvícola.

La diferencia es que el CETU contempla únicamente las deducciones de inversiones y la compra de insumos, dejando fuera otros conceptos tales como el pago de la nómina y las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores. Es previsible que ello dé entrada a una mayor demanda de contratación de servicios externos (outsourcing), los cuales sí podrán deducir los gastos derivados de las contrataciones de personal.

La consecuencia inmediata de la propuesta sería el incremento de la base gravable, con una tasa del 16 a 19% en un lapso de dos años.

Sin embargo, la mencionada propuesta de Reforma Fiscal, ha puesto en alerta a las empresas agropecuarias que operan grandes plantillas de personal, como es el caso de las agrícolas ubicadas en Sonora, Sinaloa, Baja California, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, principalmente. En estas empresas, la mano de obra representa desde un 35% hasta un 40% de los costos de producción.

De tal forma, de aprobarse la nueva ley de impuestos, dichas empresas tendrían que encontrar una solución para solventar el incremento en el pago de los impuestos.         

 

Los efectos del cambio

Permanece la duda sobre los efectos de los cambios sobre las exportaciones, ya que bajo la legislación actual, existe la posibilidad de importar equipos libres de gravámenes para dedicarlos a las actividades productivas, mientras que con el nuevo impuesto se está pensando en gravar estas importaciones, a pesar de los tratados de libre comercio con diversos países.

Igualmente, con el Impuesto contra la Informalidad (ICI), también se espera gravar las actividades de pequeñas empresas cuyas ventas no registran el pago de impuestos bajo la legislación actual.

Además de la nueva imposición en el pago de impuestos, también se ha iniciado el ultimo capítulo del TLCAN, que permite una mayor apertura comercial mediante la importación sin aranceles de productos agropecuarios.

Por ello, algunos agricultores están realmente preocupados y esperan que el Gobierno reconsidere la Reforma Fiscal para buscar una solución más adecuada a las condiciones económicas que prevalecen en México.