Inversiones para el desarrollo del campo mexicano

 

Durante el año 2001 se intentó construir un aeropuerto en terrenos ejidales del Estado de México (en Texcoco), dada la saturación de operaciones del aeropuerto de la capital del país. Tras meses de negociaciones y conflictos, el proyecto no se concretó.
 
 
Ahora se intenta adquirir terrenos ejidales en el estado de Hidalgo (y quizás en Guanajuato, en caso de no lograrse en el primero) a efectos de construir lo que será una de las inversiones más grandes de este sexenio — la nueva refinería de Petróleos Mexicanos.
 
 
Las dificultades evidenciadas para adquirir terrenos ejidales, incluso por el propio gobierno, vuelven a traer a la mesa de discusiones la incertidumbre en la tenencia de la tierra, la cual ha afectado negativamente la inversión, el crecimiento y desarrollo, principalmente del sector agropecuario y rural del país.
 
 
En 1992, las reformas al artículo 27 y la formulación de la nueva Ley Agraria tuvieron como propósito principal otorgar certidumbre jurídica al campo (ver cuadro). No obstante los cambios estructurales de trascendencia mayor, a 16 años de estas reformas, las medidas para el campo y sector rural aún no son suficientes.
 
 

¿Latifundios urbanos o rurales?

Para comprender el estancamiento del sector rural, en ocasiones es necesario ir más allá del sector agropecuario. Para ilustrar esto, traigo a la memoria un comentario que me hizo un productor agropecuario en la ciudad de México, quien aseguraba que los grandes latifundios están ubicados en el Distrito Federal. Éstos, en sentido figurado, son los grandes edificios que conforman esta ciudad — hoteles, restaurantes, y un sinfín de gigantescas compañías — resaltando que un solo edificio o incluso un restaurante, generan muchos más ingresos y utilidades que varios campos agrícolas o ranchos ganaderos de uno o más productores en cualquier región del país.
 
 
La reflexión de este productor fue más lejos al expresar que, con la excepción de las leyes antimonopolio — las cuales difícilmente se aplican — no se restringe el crecimiento a los sectores ajenos al agro mediante regulaciones o marcos legales (como es el caso de la Ley Agraria y la Política Agropecuaria, que difícilmente darán origen a grandes corporativos agropecuarios) y mucho menos se polariza el sector rural a través de la política pública confrontando al sector social con el productivo.
 
 
Estos comentarios son válidos al analizar el Producto Interno Bruto Agropecuario de las últimas décadas, el cual ha rondado 5-6%, a pesar de que en las zonas rurales vive y trabaja el 25% de la población del país (poco más de 25 millones de habitantes), y que por otro lado, el 45.8% del Producto Interno Bruto Total del país (INEGI, cifras al 2006), se concentra tan solo en cuatro estados — Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León y Jalisco — en los cuales reside el 32.6% de la población nacional (ITAM).
 
 
Visto lo anterior y considerando las reflexiones de este productor ¿están los latifundios o riqueza realmente en el sector rural o en el urbano? Esta pregunta, nos lleva a la siguiente: ¿es el objetivo fomentar la riqueza y crecimiento económico o continuar con una política social asistencialista que no logra erradicar la pobreza del sector rural?
 
 

Generación de riqueza colectiva

Con el apoyo a través de la política pública a la generación de riqueza colectiva a través del fomento a las cadenas agroalimentarias, la derrama económica no sólo queda en utilidades para los inversionistas o generación de empleos directos, sino que conlleva un arrastre y empuje a otras actividades de mayor peso en la economía.
 
 
Entre dichas actividades destacan la industria de agroquímicos (demanda de fertilizantes y plaguicidas), maquinaria (tractores y equipos especializados), servicios de transporte (para trasladar la producción), consumo de combustibles, y todo lo relacionado con la industria de transformación de productos primarios, hasta su llegada a los centros de consumo final.
 
 
De acuerdo con diversos estudios, estas actividades pueden llegar a contribuir en más de un 15% del Producto Interno Bruto Total, siendo éstos los efectos colaterales positivos que generaría un sector agroindustrial sólido en el país y que muy a menudo son ignorados en el diseño de la política pública.
 

Oportunidades de desarrollo

Cifras recientes de la Procuraduría Agraria, muestran que el traslado de dominio o venta de propiedades ejidales se ha dado principalmente en áreas urbanas, y no en las actividades agropecuarias o forestales. Las razones para ello son baja rentabilidad, incertidumbre jurídica, riesgos en producción y comercialización, y otros factores tales como la valoración de la tierra por encima del valor de mercado.
 
 
Al ser ésta una actividad y forma de vida en el sector rural, el campo no resulta atractivo para la inversión en el largo plazo. Se crean más incentivos para que el pequeño productor rente, preste o dé la tierra en aparcería.
 
 
Por estas razones, el productor de subsistencia sólo complementa sus ingresos con renta o cosechas de su predio. Además, es importante destacar que en la cadena de valor agroalimentaria las utilidades giran alrededor de la transformación y comercialización de productos así como de estrategias financieras, más que de la explotación directa de la tierra, por lo que en este caso resulta más conveniente comprar la producción a terceros y así evadir los riesgos de la producción.
 
 
Estas realidades nos conducen a una reflexión sobre la política pública actual dirigida al sector rural y al campo. Esta política ha carecido de enfoque integral y aún no ha sido capaz de diferenciar la política social de la productiva. Sus enfoques, apoyos y marcos legales no impactan lo suficiente en los problemas estructurales, y posee medidas inadecuadas para el subsector de subsistencia, las cuales lo postran a seguir amarrado a la pequeña parcela, condenándolo a la pobreza crónica y a la pérdida de otras oportunidades desarrollo.          
 
 
Graficas disponibles en la versión impresa de Productores de Hortalizas, septiembre 2009 pgs. 46-47.
 
 
 
 
 

 

Fuentes:
1) INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2001 – 2006. Sin fecha.
2) ITAM. Instituto Tecnológico Autónomo de México. http://biblioteca.itam.mx/docs/conteo05/Doc/nal/00po01_1.pdf Consulta el 02 de agosto de 2009.
3) Procuraduría Agraria. Tipología de Sujetos Agrarios. Coordinación General de Programas Interinstitucionales. Dirección General de Estudios y Publicaciones. Junio de 2008.
4) Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
http://www.economia.gob.mx/pics/pages/1175_base/MarE09.pdf Consulta el 02 de agosto de 2009.

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