Efectos de la ley agrícola estadounidense “Farm Bill”

México ha realizado una gran cantidad de cambios y ajustes a las políticas públicas de fomento al desarrollo rural — baste ver la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Programa Especial Concurrente (PEC), en los cuales prevalece la visión integral y territorial del desarrollo rural, reforzada con un impulso a la federalización (o descentralización) en el uso y destino de los recursos federales.

A través del PEC, el gobierno federal busca la creación de sinergias entre programas federales; sin embargo, la realidad es que operativamente, al nivel de cada secretaría prevalece una visión sectorial, en la cual cada dependencia se ocupa únicamente de sus programas, provocando en muchos casos descoordinación y/o duplicidad de esfuerzos.

 

Agenda rural de largo plazo

Ante este panorama, es evidente la urgente necesidad de generar una agenda política de largo plazo para el campo, la cual considere los factores internos y los efectos de la globalización, donde a través del federalismo converjan la federación, los estados y los actores del sector rural (este último tema fue ampliamente debatido en noviembre y diciembre del 2007, respecto de los lineamientos de propuesta de reglas de operación del PEC 2008).

En este sentido, es importante destacar que, además de los problemas internos que padece el campo mexicano, bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), las legislaciones relativas a las políticas agroalimentarias de Canadá y sobre todo la de Estados Unidos, influencian de manera importante el contexto bajo el cual se desenvuelven los productores mexicanos; es necesario discernir que la producción agroalimentaria de EUA excede en gran medida sus necesidades de consumo interno, por lo que el comercio con el exterior y sus políticas públicas son vitales para mantener su planta productiva operando.

 

Repercusiones del “Farm Bill”

La ley agrícola estadounidense (“Farm Bill”) genera efectos en el contexto internacional agrícola.

Para dar un ejemplo de cómo las políticas de EUA pueden afectar el desempeño del sector agropecuario mexicano, baste recordar que Estados Unidos modificó su ley agrícola en el 2002, creando la Ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural, conocida como “Farm Bill”, cuya vigencia es de seis años, cubriendo el período de 2002 a 2007.

Un estudio de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL) indica que con esta ley se alteró de manera significativa la Ley Federal de 1996 de Reforma y Mejoras a la Agricultura (FAIR Act), la cual se promulgó poco después de la creación de la Organización Mundial de Comercio y cuya orientación planteaba una reducción progresiva de los apoyos a los productores estadounidenses, mientras que la Farm Bill expande los apoyos hasta el 2007.

Con la Farm Bill 2002 se implementan programas de apoyo a productos básicos (commodities), los cuales comprenden programas de apoyos directos, pagos anticíclicos, préstamos de asistencia para la comercialización y pagos para cubrir insuficiencias de préstamos.

La Farm Bill 2002 aumenta la protección y ayuda al sector agrícola estadounidense, en relación con su predecesora, la Ley Federal de 1996; esta política aísla casi completamente a los productores estadounidenses de las señales de mercado, ocasionando sobreproducción y caída de los precios internacionales, lo cual constituye un retroceso de la política agrícola de EUA en relación con los procesos de liberalización, ya que se genera una competencia desleal para otros países.

 

Programas de apoyo del Farm Bill 2002

A. Programas de productos básicos
    a. Programa de pagos directos
    b. Programa de pagos anticíclicos (o contraestacionales)
    c. Prestamos de asistencia para la comercialización y los pagos de préstamos deficientes
B. Programas de conservación
    a. Programa de reserva para la conservación
    b. Programa de reserva de tierras húmedas
    c. Programa de incentivos a la calidad ambiental
    d. Programa de seguridad de la conservación
C. Programas de apoyo a las exportaciones
    a. Programa de fomento a las exportaciones
    b. Programa de incentivos a las exportaciones de productos lacteos
    c. Programa de acceso al mercado
    d. Programa de cooperación en el desarrollo de mercados
D. Programas de apoyo según sectores y productos
    a. Productos lácteos
    b. Maní
    c. Azúcar
    d. Lana, angora, miel, garbanzo y lentejas
    e. Manzanas, frutas y vegetales

Reflexiones

El otorgamiento de subsidios conlleva otros efectos para el productor beneficiado; éstos le dan una mayor capacidad para reinvertir en su unidad productiva; obtener financiamiento, y reducir riesgos, generándose más incentivos para invertir en la agricultura.

Queda claro que la legislación agroalimentaria puede ser el instrumento formal de planeación y programación de los sectores agropecuario y rural que den certeza en un horizonte de largo plazo (con los recursos financieros necesarios) para lograr el desarrollo y crecimiento del sector rural, y que además de los recursos financieros, existen otros incentivos de largo plazo, como la implementación de políticas impositivas para favorecer áreas o sectores estratégicos a través de incentivos fiscales a la inversión y de exenciones fiscales selectivas.

Esto se consigue con políticas diferenciadas que impulsen el desarrollo de las poblaciones rurales más vulnerables (cuyas producciones no llegan al mercado), que impulsen el desarrollo del sector semicomercial (o en transición), ya que son fuentes potenciales generadoras de más empleos y divisas, así como un empuje al sector comercial. Por ejemplo, que a través de mecanismos de apoyo a los productores mexicanos se asegure que los programas de subsidio de los socios comerciales se ajusten a las reglas del TLCAN y de comercio actuales, eliminando las distorsiones en el comercio y las prácticas desleales que pongan a los productores mexicanos en desventaja.

Resulta claro que las respuestas a la solución de la problemática del campo mexicano son complicadas, sin embargo queda clara la importancia de entender el contexto global, nacional, así como contar con instrumentos de políticas de largo plazo que den certeza a las actividades del campo mexicano.
 

 

 

 


Fuentes: Tussie Diana, con colaboración de Delich Valentina, Buccellato Iván y Baco Carlos. La nueva Ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural de los EUA (Farm Bill). Un análisis de sus implicaciones comerciales. División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Serie 41 Comercio Internacional. Santiago de Chile, diciembre de 2003.

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