Agenda legislativa para el sector agroalimentario mexicano


Durante el proceso electoral que acaba de concluir con las elecciones del 5 de julio, varios contendientes de diversas fuerzas políticas de México implementaron esquemas de participación ciudadana para conocer el sentir de la población respecto de temas de relevancia para la agenda política futura del país.

A este fin les hicieron llegar algunas ideas que pudieran ser de utilidad para análisis y construcción de una agenda legislativa para el sector agroalimentario y rural del país, así como reflexiones que se pudieran considerar en el diseño de políticas estatales — conjuntamente con las federales — las cuales sintetizo en dos artículos para nuestros amables lectores.

 

Agenda legislativa de política pública agroalimentaria y rural de largo plazo

A lo largo de los años México ha realizado gran cantidad de cambios y ajustes a las políticas públicas de fomento al desarrollo rural. No obstante, aún es necesario incrementar la competitividad del sector agroalimentario, reducir la pobreza rural y asegurar la sustentabilidad de los recursos naturales.
 

Uno de los últimos esfuerzos en materia legislativa para el sector rural es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable aprobada en el 2001. La LDRS contempla una visión integral y territorial del desarrollo rural, a través de la federalización en el uso y destino de los recursos federales, así como mayor participación e involucramiento de los actores del sector rural.

Esta ley busca, por medio del Programa Especial Concurrente (PEC), crear sinergias entre los diversos programas federales. Sin embargo, la realidad es que en cada secretaría prevalece una visión sectorial, provocando en muchos casos descoordinación y duplicidad de esfuerzos. En este sentido, cabe destacar que el contexto político, legal e institucional de un sistema económico, tiene un fuerte impacto en la competitividad de los actores económicos, por lo que la creación de una Ley Agroalimentaria y Rural puede ser el instrumento que dé certeza al sector rural en un horizonte de largo plazo, considerando los contextos internos del país y las externalidades del exterior, principalmente originadas por políticas agrícolas de los socios comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para lo cual estimamos importante considerar los siguientes aspectos:
 

• Modernizar las instituciones del Estado

Las instituciones de hoy en día difícilmente pueden otorgar servicios eficientes al sector rural; están erosionadas en términos de recursos humanos e infraestructura; sus presupuestos son insuficientes y no cuentan con los marcos regulatorios que incentiven un mejor desempeño del recurso humano, además de que existe gran duplicidad de objetivos y funciones entre las diversas instituciones del sector público.
 

Por ejemplo, en el caso del sector agroalimentario de México, intervienen seis secretarías (SAGARPA, Economía, Hacienda y Crédito Público, Salud, Educación Pública, Desarrollo Social, Reforma Agraria, Medio Ambiente y Recursos Naturales) y otras instituciones.
 

En lo relativo al financiamiento y administración de riesgos, la situación es parecida; existen distintos fondos gubernamentales con objetivos similares (FIRA, Financiera Rural, Bancomext, Nafinsa, Bansefi, FONAES, FOCIR, Agroasemex, e inclusive algunos programas de SAGARPA) los cuales son administrados por secretarías diferentes y por el Banco de México.
 

En lo concerniente a la Seguridad Social, los empleados formales del sector privado son afiliados a los programas de salud y pensiones que otorga el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social); mientras los empleados del sector público se les otorgan las prestaciones a través del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).
 

Estas duplicidades conllevan pérdidas por ineficiencias para el sector productivo y para el óptimo uso de recursos públicos, además de que dificultan la transparencia, por lo que el reordenamiento y modernización de las instituciones públicas debe ser una prioridad para el país.
 

• Marco regulatorio

Uno de los reclamos más recurrentes de los productores agropecuarios mexicanos, es la gran carga que representa para su actividad el marco regulatorio bajo el cual se tienen que desarrollar sus negocios, ya que impacta en su desempeño y competitividad, además de inhibir el inicio de nuevos negocios, haciéndose indispensable el crear marcos regulatorios que propicien y fomenten un ambiente de negocios más favorable.
 

En México llama particularmente la atención lo relativo al complicado régimen tributario y los costos administrativos que conlleva el sistema, tanto para el sector privado como para el público, lo cual genera ineficiencias. Otro aspecto crítico es el relacionado con las leyes e instituciones laborales, las cuales por ser demasiado rígidas tienen efectos no deseables en el mercado laboral.
 

En cuanto al sistema de resolución de disputas comerciales o cumplimientos de contratos, éste también presenta áreas a mejorar; por ejemplo, ¿cómo se negocia una venta de productos agrícolas cuando no se conoce al comprador y no se tienen referencias de este?

En muchas ocasiones el productor asume riesgos en la cobranza, en la comprobación del estado de recepción del producto y por ende en los castigos en precio de sus productos. Algo similar sucede con la Banca Comercial, la cual debido al tortuoso camino en casos de recuperación de créditos por incumplimiento en los pagos, prefiere restringir el crédito, solicita más garantías y otorga créditos a sectores con menores riesgos de impago.

• Comercio Exterior o Tratados Comerciales. Bajo el marco del TLCAN las legislaciones relativas a las políticas agroalimentarias de Canadá y sobre todo de Estados Unidos, influencian de manera importante el contexto bajo el cual se desenvuelven los productores mexicanos. Por esta razón, el gobierno mexicano debe asegurar a través de una ley, con mecanismos reales de apoyo a los productores mexicanos, que los programas de subsidio de los socios comerciales se ajusten a las reglas del TLCAN y de comercio actuales, eliminando las distorsiones y prácticas desleales de comercio.

• Política de apoyos diferenciada. En México se requieren políticas diferenciadas e integradas con instrumentos claros, para impulsar el desarrollo de las poblaciones rurales más vulnerables, y lograr que estas se inserten en la economía, sobre todo considerando que sólo una pequeña parte de los 25 millones de pobladores del sector rural poseen tierra, por lo que debe reconocerse que para este segmento las políticas agropecuarias per se no podrán erradicar la pobreza rural y del campo, siendo necesaria su articulación con el resto de las políticas dirigidas al sector rural.

Asimismo, es importante impulsar el desarrollo del sector agroalimentario, a los productores comerciales y semicomerciales, ya que son fuentes generadoras de empleos y divisas, sin dejar de observar las condiciones macroeconómicas y crecimiento global del país, ya que son factores que en un momento dado pueden llegar a jugar un papel más importante que las propias políticas de alivio a la pobreza de la sociedad en general.

 

Conclusiones

Cambios de esta magnitud, requieren de una gran madurez política de los actores involucrados, de una gran capacidad para llegar a consensos y sobretodo de una gran visión de estado. México requiere de estos cambios y nuestra clase política y actores del sector rural deben jugar un papel relevante para lograrlo.          

  

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