| Hace 15 años — el 25 de julio de 1994 — se publicó el decreto que dio origen a PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos al Campo) con vigencia hasta el año 2008, el cual se concibió para facilitar el período de transición que implicaba el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), el retiro de los precios de garantía y subsidios a los insumos, por lo que algunos analistas dedujeron que sus objetivos reales e impactos esperados fueron más de carácter político y social, y no de naturaleza económica. |
Por César Rafael Ocaña Romo
No obstante la culminación oficial de este programa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) actualmente analiza y discute con los diversos actores del sector agropecuario la continuidad de un PROCAMPO reestructurado, basando sus modificaciones en el número de productores del padrón de beneficiarios y la relación entre sus superficies y apoyos. (ver Tabla 1).
Para comprender mejor las razones del origen del PROCAMPO y las diferentes posiciones de las diversas organizaciones de productores, gobiernos estatales y la propia SAGARPA, es importante analizar qué aspectos acontecieron en el campo mexicano durante la década de los noventa, para ubicarnos en el contexto actual.
Previos atentos
| Con la eliminación de apoyos al precio de mercado se redujeron los precios de los alimentos en las zonas rurales, en beneficio de los habitantes más pobres que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos. |
Primeramente, cabe recordar que previo a la firma del TLCAN y la creación del PROCAMPO — ambos implementados en 1994 — se publicaron en 1992 las reformas al artículo 27 constitucional, las cuales implicaron un viraje total al marco regulatorio del campo mexicano.
Con este decreto se dio fin al reparto agrario, se otorgó a las sociedades mercantiles la posibilidad de dedicarse a actividades agropecuarias o forestales, con hasta 25 veces el límite señalado para la pequeña propiedad, la posibilidad de que ejidatarios y comuneros se asocien con terceros y la obtención del dominio pleno de sus parcelas.
Con estas medidas se buscó capitalizar el campo y lograr una mayor eficiencia en la producción.
Con la instrumentación del PROCAMPO se incluyó a más de 2.2 millones de productores rurales que destinaban su producción al autoconsumo y se encontraban al margen de los sistemas de apoyos basados en producción comercializada.
Todo en presupuesto
Al paso de los años resulta evidente el limitado presupuesto de este programa, en relación a la amplitud de objetivos que se le atribuyen; por ejemplo, para un segmento de los productores beneficiados, este apoyo se convirtió en un importante impulsor para la reconversión productiva y adopciones tecnológicas.
Sin embargo, para otro segmento de productores (el más grande) este programa fue insuficiente para capitalizar el campo y para generar una mayor productividad, por lo que la preocupación actual debe.
Con esta nueva propuesta ¿generamos un cambio sustancial en el campo mexicano o, dentro de cinco años nos estaremos preguntando que es lo qué nos ha fallado?
La OCDE menciona cuatro posibles opciones que podrían lograrse con mayor eficiencia en un programa mejor orientado, los cuales se describen a continuación:
 Aliviar la pobreza. El PROCAMPO como un mecanismo de alivio de la pobreza es cuestionable en comparación con programas no sectoriales y orientados de una manera más definida; este objetivo se cumpliría mejor con un programa modificado sustancialmente, ya que sólo una pequeña parte de los 25 millones de pobladores rurales poseen tierra — el padrón total de PROCAMPO, consta de dos millones cuatrocientos veinticinco mil quinientos cuatro productores — por lo que quedarían excluidos de este programa la mayoría de pobladores rurales.
En este caso, la política agropecuaria no representa el mejor instrumento para aliviar la pobreza rural, siendo la política social mucho más adecuada para este fin.
 Transferir ingreso a los productores. Si el objetivo es el apoyo al ingreso del productor, el apoyo debe vincularse al ingreso y no a la tierra. El ingreso meta debe definirse claramente, ya que éste comprende muchas variables — precios y rendimientos por cultivos, costos de insumos y otros gastos e ingresos de la unidad de producción.
En este programa, no son opciones de política, cultivos elegibles, cantidades comercializadas y precios garantizados a nivel nacional, ya que distorsionan los mercados, excluyen productores, inhiben las ventajas comparativas entre regiones, como pudiera ser el caso de otras oportunidades en hortalizas, frutas, cultivos tropicales, actividades pecuarias o forestales.
Uso sustentable de recursos naturales. En este caso, el apoyo debe estimular la conservación de la biodiversidad, bosques, suelos y prácticas ambientales, así como el implementar los principios de “el que contamina paga” y “el usuario paga.”
 Privatización de la tierra. Este objetivo se origina en el hecho de que las parcelas pequeñas son una válvula de escape a la pobreza rural, pero no son la plataforma para lograr una actividad económica viable y menor calidad de vida, debido a la ausencia de economías de escala y organizaciones económicas de productores sólidas.
En Portugal, se implementó un programa para hacer frente al minifundio, apoyando la compra y venta de tierras, garantizando al vendedor una serie de pagos de por vida que le permitieran una vida digna y su arraigo a la zona rural, y a su vez al comprador se le apoyaba con proyectos productivos viables. |
Se recomienda eliminar el pago por superficie, ya que esta política amarra a los productores marginados a sus parcelas, donde el acceso a los servicios públicos, como la educación y la salud, o las posibilidades de mejorar sus ingresos son limitados, por lo que se considera injusto impedir a través de políticas equivocadas que la población rural no perciba las señales de mejora que pueda enviar la economía; la evidencia indica que donde se han incrementado los ingresos de pobladores rurales, estos no provienen de actividades agropecuarias.
Ejemplos al respecto son las reformas al artículo 27 constitucional que han permitido a los ejidos contar con un proceso formal para la renta, posibilitándoseles el aprovechamiento de oportunidades de empleo fuera del sector agropecuario.
Las relaciones del futuro
 Otro aspecto a considerar, son nuestras relaciones comerciales con el exterior — muy en especial con los socios del TLCAN — ya que políticas agroalimentarias como la Farm Bill, (contrario a la filosofía que promulgan los organismos internacionales y en ocasiones el gobierno mexicano) aumentan la protección y ayuda al sector agropecuario estadounidense, ya que aísla a sus productores de las señales de mercado, lo cual constituye un retroceso en los procesos de liberalización, generando una competencia desleal para otros países, incluido México.
Concluyendo, el sector agropecuario de México debe contribuir al crecimiento económico global y desarrollarse más allá del nivel subsistencia, pero debe reconocerse que las políticas agropecuarias per se no podrán lograr erradicar la pobreza rural y del campo, si no se consideran el resto de las políticas de manera integral (salud, educación, infraestructura de comunicaciones, transporte, mercados, turismo, seguridad pública, regímenes fiscales, servicios, etc.).
Además, las condiciones macroeconómicas y crecimiento global del país, son factores que en un momento dado, pueden llegar a jugar un papel más importante en el alivio a la pobreza de la sociedad en general.
Artículo publicado por completo en la edición de octubre 2008, Productores de Hortalizas
Fuentes:
(1) Decreto de Creación del PROCAMPO. Diario Oficial de la Federación. 25 de julio de 1994.
(2) OECD. Política Agropecuaria y Pesquera en México: logros recientes, continuación de las reformas. Extractos. 2006.
(3) Reforming Mexico´s agrarian reform/ Columbia University seminar series. Papers presented at a conference held at Columbia University, Apr. 6-7, 1995. Randall Laura editor. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. 1996.
(4) SAGARPA. PROCAMPO e Ingreso Objetivo: lineamientos de reforma. Agosto de 2008.
(5) Tussie Diana, con la colaboración de Delich Valentina, Buccellato Iván y Baco Carlos. La nueva Ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural de los Estados Unidos (Farm Bill). Un análisis de sus implicancias comerciales. División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL). Serie 41 Comercio Internacional. Santiago de Chile, Diciembre de 2003.
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